Cuando los Ricos no pagan Impuestos

Recientemente el gobierno de Milei envió al Senado de la Nación un proyecto de ley para beneficiar a las empresas de nuevas industrias con excepciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

Por Rubén Magliotti

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo amplía los márgenes de discrecionalidad impositiva en el marco del Régimen Incentivo para las Grandes Inversiones –RIGI- vinculadas principalmente al negocio de la inteligencia artificial.

¿Qué es el RIGI y cuál fue su efecto?

El RIGI es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, un programa implementado en Argentina para atraer proyectos de gran escala tanto nacionales como extranjeros. Fue creado por la Ley 27.742 (Ley Bases) y ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaría por 30 años.

Fue pensado para atraer inversiones fundamentalmente en minería (ej. cobre, litio), energía (petróleo, gas, renovables), infraestructura y Tecnología y en forestoindustria, además de Turismo y Siderurgia.

Sancionada por el Congreso Nacional el 28 de junio del año 2024 empezó a tener vigencia a partir del 8 de julio del mismo año cuando fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación.

Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina al momento de puesta en funcionamiento, el Estado nacional dejaría de percibir aproximadamente entre USD 786 y USD 1.395 millones anuales (con un escenario base cercano a USD 1.069 millones) por la aplicación del RIGI.

Un grupo de economistas autodenominados “Misión Productiva” trabajó un documento sobre la base de los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la inversión extranjera durante todo el 2025 y Argentina está última en los países de la región que más atrajeron inversiones extranjeras.

Pero hay un dato no menor, en los países con mejores inversiones los gobiernos son de izquierda o centro izquierda, ubicados en las antípodas del gobierno de Javier Milei. Así el gobierno de Lula en Brasil, el de Claudia Sheinbaum Pardo en México, el de Boric hasta noviembre del 2025 de Chile o el de Gustavo Petro en Colombia se ubican en el podio de las inversiones. Es que el capital no es ideológico cuando se trata de invertir, para muestra está China.

Ahora el SuperRigi

Sin embargo el gobierno de Milei insiste en su fórmula fracasada presentando un nuevo proyecto de ley denominado “super rigi” enfocado a las “nuevas industrias”  como call center e inteligencia artificial que incluye, rebajas fiscales, facilidades en los trámites de aduana, la liberalización del mercado cambiario y la imposibilidad de realizar huelgas, comprometiendo al Estado  a mantener estas condiciones sin cambios por un periodo de 30 años.

Mientras el entramado productivo nacional y las pequeñas empresas se debilitan, la nueva legislación parece responder a los intereses de las grandes corporaciones estadounidenses

Este alineamiento se percibe como una consecuencia de los vínculos de Milei con magnates como Elon Musk y la radicación temporal de Peter Thiel en Argentina, fundador de empresas como PayPal y Palantir, recientemente reciboido por el propio Milei.

¿Quién paga los platos rotos?

Una reducción en el poder recaudatorio del Estado conlleva a un desequilibrio fiscal; consideremos que la política tributaria es una herramienta esencial para reducir la desigualdad social. De esta manera los buenos gobiernos perciben el gasto social como una inversión para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través de la educación, la salud, la cultura y el cumplimiento de los derechos laborales.

Sin embargo, esta no es la realidad de nuestra América. Un estudio reciente del Observatorio Fiscal Internacional realizó una investigación sobre progresividad fiscal y desigualdad.

La desigualdad de patrimonio se caracteriza por una marcada concentración de riqueza en la cima de la distribución. La riqueza de los milmillonarios de la región se multiplicó por seis entre 2000 y 2026, pasando de USD 117 mil millones a cerca de USD 700 mil millones, en cambio, la riqueza del 50% más pobre se ha visto prácticamente estancada.

De mantenerse esta trayectoria de concentración acelerada observada en ese período, la riqueza de los milmillonarios podría acercarse a los USD 2 billones hacia 2040.

Los sistemas tributarios en la región no corrigen la desigualdad y, en general, son regresivos. El 50% más pobre destina en promedio cerca del 30% de su ingreso al pago de impuestos, siendo el grupo que proporcionalmente más paga. En contraste, el 1% más rico paga en promedio alrededor del 22%.

Los ultrarricos pagan tasas de impuestos considerablemente más bajas que el resto de la población. El 0,01% más rico tributa, en promedio, apenas un 20% en Brasil y un 11% en Chile, en ambos casos, la mitad que el promedio de la población. Esto se debe a que pueden estructurar su riqueza de modo que genere poca o ninguna renta gravable. Al no declarar ingresos, terminan pagando menos impuestos –considerando el total de la carga tributaria– que el resto de la población.

El informe revela que las reformas tradicionales son insuficientes para corregir la baja tributación en la cima de la distribución, a contramano de los datos, Milei acentúa esta desigualdad promoviendo regímenes de exenciones impositivas a las grandes corporaciones y empresas.

La propuesta elaborada por el Observatorio para revertir esta situación es grabar con un impuesto a las grandes fortunas, con un impuesto mínimo sobre la riqueza.

Un impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza tiene un alto potencial recaudatorio en la región. En un escenario central, un impuesto mínimo del 2% sobre patrimonios superiores a USD 100 millones podría generar cerca de USD 24 mil millones anuales (equivalentes a 0,6 puntos del PIB regional). Una versión más ambiciosa, con una tasa del 3%, alcanzaría los USD 36 mil millones (0,9 puntos del PIB regional.

Pero esta alternativa es impensable para este gobierno, ante la falta de recaudación por las exenciones impositivas, por la rebaja de las retenciones al campo, o por la caída en la recaudación del IVA o de Ganancias por la crisis económica, solo ofrece desfinanciamiento a la educación, a la salud, a la investigación científica, a la obra pública, a las provincias, a las tarifas de los servicios públicos, a los jubilados y a los trabajadores estatales.