La Culpa es del Otro, (si es morochito mejor…)

Se busca responsabilizar a los extranjeros por la crisis económica, el gobierno de Javier Milei reflota viejos eslóganes para desviar la atención de un proyecto de exclusión que no encuentra respuestas en los números, sino en el prejuicio.

Por Rubén Magliotti

El eterno retorno del prejuicio

 La derecha argentina opera de manera cíclica, reiterando fórmulas y eslóganes que encuentran en la ultraderecha una versión exacerbada. En momentos de insatisfacción colectiva generada por políticas económicas de exclusión, como las actuales de Javier Milei y de Luis Caputo, o las de Carlos Menem en la década del 90 y las de Mauricio Macri, surge la necesidad de construir un chivo expiatorio. El objetivo es claro: desviar la mirada del ajuste y señalar a un "otro" como la amenaza al bienestar o al trabajo.

 

La "invasión" que solo existe en el discurso

 Frente al relato de una supuesta avalancha migratoria, las estadísticas oficiales ofrecen una realidad estática. El último censo poblacional registró que las personas nacidas en otros países representan apenas el 4,2% de la población total. Esta proporción se ha mantenido estable durante los últimos 26 años: en 2010 fue del 4,5% y en 2001, nuevamente, del 4,2%.

 

La contradicción histórica es flagrante. Mientras que en 1914 casi el 30% de la población era extranjera y ese proceso se celebró como un pilar de la construcción nacional, hoy un 4,2% es calificado de "invasión". La diferencia no reside en la cantidad, sino en el origen, el color de piel y la posición social de los migrantes actuales.

 

DNU y discriminación: alfombra roja para el capital, muros para el trabajador

 El reciente decreto de necesidad y urgencia de Milei cristaliza esta política discriminatoria. Mientras se endurecen las condiciones para quienes llegan a trabajar o estudiar —exigiendo seguros médicos, limitando la gratuidad sanitaria y facilitando expulsiones—, el texto contempla facilitar la ciudadanía a quienes realicen una "inversión relevante". Para el trabajador pobre hay sospecha y amenazas; para el millonario, ciudadanía por inversión.

 

Este dispositivo no es novedoso. al final de la convertibilidad en 2001, el discurso oficial apuntaba a los inmigrantes de países limítrofes mientras la economía se derrumbaba por la desindustrialización y la apertura económica. En 2017, Mauricio Macri retomó la misma estrategia vinculando migración con delito mediante otro DNU.

 

Un decreto inconstitucional y sin datos

 La medida actual carece de sustento empírico. El gobierno habla de "afluencia masiva", "colapso sanitario" y "terrorismo", pero no presenta un solo dato que demuestre una emergencia migratoria real. Además, el uso de un DNU es inconstitucional, dado que el Congreso está en funciones, pero por sobre todo es contraria a la doctrina de nuestra propia Constitución Nacional que ordena fomentar la inmigración y garantiza derechos civiles a todos los habitantes.

 

Pero aún hay más: la redacción del DNU no establece que es un mensaje de odio, tampoco define a que conductas alcanzan, ni crea un mecanismo para detectarlas, por tanto, queda a la libre interpretación y arbitrariedad de los denunciantes y de los funcionarios judiciales que deberán actuar.

 

Es falso que los inmigrantes no aporten al sistema: cualquier persona que consume alimentos, carga combustible o paga un alquiler tributa IVA y otros impuestos, incluso en la informalidad. La conclusión es tajante: los inmigrantes no paralizaron la obra pública, no fundieron pymes con importaciones, ni endeudaron al país. Esas son las consecuencias del modelo político, económico y de sumisión a las potencias extranjeras. La Argentina se construyó en base a las familias que buscaban, y buscan trabajo, protección y una vida mejor, lo mismo que aquellos argentinos que emigran para alcanzar un porvenir que esta Argentina de Milei les niega.